El fundador de Felices y Forrados afirmó que para que el proyecto de la AFP estatal cumpla con ello, debe ser mejor en rentabilidad, y para eso se debe revisar la regulación existente.
–¿Qué le parece que la AFP estatal cuente con un financiamiento compartido del 99% de Corfo y de un 1% del Fisco?
–La ley pareja no es dura. Si ellos quieren financiar la AFP estatal mediante recursos de Corfo, entonces deberían abrir esos mismos fondos de este ente a que se crearan nuevas AFP. De esta manera, no solo ingresaría la AFP estatal, sino que muchos más actores en el sistema y habría más competencia. Hay equipos de departamentos de estudios de inversiones que tienen el “know how”, la experiencia y que estarían dispuestos a participar en el sistema siempre y cuando el Estado aporte en el encaje, que es lo que está ocurriendo con la AFP estatal.
–Dentro de los objetivos de la AFP estatal está aumentar la cobertura y la competencia, ¿en qué medida esto es factible?
–La AFP estatal va a poder generar mayor cobertura, ya que hay 5 millones de trabajadores que no imponen mensualmente y que las AFP no buscan porque no les generan ingresos. Ahí hay una tremenda responsabilidad social. Sumado a eso, las AFP no tienen cobertura en muchos pueblos pequeños del país. En ese sentido se puede mejorar la cobertura; el problema viene por el tema de la competencia.
–¿Por qué?
–Por un tema de costos es imposible generar más competencia. PlanVital está en el más bajo nivel en términos globales. Eso va a implicar que va a conseguir su punto de equilibrio recién al segundo año. Por lo tanto, la AFP estatal, si participa con las mismas reglas del juego, es imposible que tenga costos más bajos. Además, es imposible que esta consiga mejores rentabilidades con el Decreto Ley 3.500 como está, porque una AFP no puede, por decreto de ley, invertir en empresas relacionadas.
–¿Qué cambios sería necesario realizar para apuntar a mejoras en rentabilidad?
–Hay dos caminos. Por una parte está volver a la versión original de los artículos 17 al 40, lo que implica por ejemplo, restablecer el Fondo de Reserva de Pensiones, que era de un 5%, protegido de las caídas, y aumentar el encaje en un 5%. Con eso, las AFP pueden competir normalmente porque no corren el riesgo de quiebra, generando más competencia y aumentando las rentabilidades. El otro camino sería derogar el artículo 42 y que no exista la amenaza de que si una AFP no completa el encaje en 15 días, se cierre y pase a manos del Estado. Como está la ley actualmente, se daría el absurdo de que la AFP estatal, si no completara el encaje, podría quebrar y ser adquirida por el mismo Estado, y como ya es una entidad estatal, por ahí se podrían perder miles de millones de dólares. Por este motivo, la AFP estatal de verdad no podría funcionar si no se hacen ajustes, pero que sean para todos iguales. Es decir, sería completamente arbitrario si la AFP estatal pudiese invertir en ciertos instrumentos y las AFP normales no.
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