Una AFP Estatal puede quebrar completamente las reglas del juego y eso sería muy grave

En entrevista con Estrategia, el presidente de la Asociación de AFP dijo que esto ocurriría, por ejemplo, si esta administradora cobrara comisiones “bajo las condiciones de mercado”. Advirtió sobre una serie de potenciales conflictos que pueden surgir en el manejo de los fondos previsionales desde del Estado.

—Según Gino Lorenzini (F&F) y Ricardo Hormazábal (Acusa AFP), la AFP estatal plantearía una comisión por debajo de la de Plan Vital, ¿qué ocurriría si esto se concreta?

–Respecto a la AFP estatal, es importante señalar que las AFP no le tenemos miedo a la competencia. Constantemente competimos intensamente. Lo que sí sería grave es que esa competencia no se dé bajo las mismas reglas del juego. Y por lo tanto, un actor estatal puede quebrar completamente estas reglas y podría ser muy grave, podría terminar perjudicando a los afiliados, en lugar de beneficiarlos. La competencia se traduce finalmente en mejor calidad de servicio, menores costos, mayores rentabilidades. Pero si entra un actor estatal que contradice el marco establecido, al final no habrá más actores privados que quieran entrar a la industria.

–¿De qué modo se romperían las reglas del juego?

–Por ejemplo, si cobra comisiones bajo las condiciones de mercado, o si esta AFP estatal tuviera un subsidio. Si va a funcionar usando la infraestructura del ISP, por ejemplo, ¿en qué condiciones lo va a hacer? ¿Va a ser en condiciones de mercado? ¿Cuál va a ser la rentabilidad que se le va a exigir a la inversión que haga el Estado? Hay una serie de conflictos que pueden surgir en la administración de los fondos, conflictos de interés, como quién va a supervisar a la AFP estatal, si va a ser el mismo Estado cuidándose y fiscalizándose a sí mismo. El tema de la AFP estatal genera un montón de cuestionamientos. Estando de acuerdo en que la competencia es buena, la inclusión de un actor estatal puede cambiar las condiciones de la competencia y eso puede ser muy nocivo para la industria. Y en definitiva para los afiliados y pensionados.

–¿Qué ocurre con la inversión en empresas relacionadas?

–Me parece razonable que lo pueda hacer. No me parecería que un afiliado de una AFP estatal no pudiera tener parte de esos recursos en papeles del Banco Central o de la tesorería, que si hay un porcentaje relevante que se invierte en títulos del Estado, aproximadamente un 30%, un afiliado de la AFP estatal no lo pueda hacer. Pero, ojo, porque hay un conflicto, porque cuando una AFP estatal emite un bono, ¿en qué condiciones lo va a hacer? ¿Qué presiones va a haber para que la AFP del Estado compre ese bono? Hay un montón de conflictos donde hay que tener cuidado con los detalles, porque algo que en la teoría puede parecer inocuo, en la práctica, cuando uno entra en los detalles, puede ser un elemento muy distorsionador, que puede afectar de lo que ha sido el sistema de pensiones.

–Por otro lado, ¿no es suficiente indicio el que las pensiones promedien $187.000 para afirmar que el actual esquema ha fallado?

–En absoluto. Porque muchas veces los promedios reflejan realidades muy diferentes. Lo cual no quiere decir que esté todo perfecto tampoco. Lo que hay que pensar es que las AFP han cumplido plenamente con el mandato que la ley les dio; incluso superando las expectativas que se hicieron  sobre el sistema. Y si uno piensa que la rentabilidad promedio ha sido de un 8,5% real anual y cuando analizamos los US$160.000 que hay hoy día, que pertenecen a todos los trabajadores chilenos, 70% de eso corresponde a rentabilidad y solo 30% corresponde a aportes de los trabajadores. El sistema chileno, según rankings de la OCDE, figura entre los tres primeros lugares de rentabilidad en el mundo, y además a una comisión promedio que también está por debajo del promedio mundial. Por lo tanto, en lo esencial, las AFP no lo han hecho bien, lo han hecho extraordinario.

–¿Qué refleja, entonces, dicho promedio?

–La verdad es que ese promedio no dice mucho, porque en esos $187.000, hay gente que ha cotizado un mes y muchas mujeres, por ejemplo, lo utilizan que para poder acceder al bono por hijo nacido, donde un requisito es afiliarse y cotizar un mes. Entonces resulta absurdo considerar que eso es una pensión. Al hablar de pensiones  debiera incluirse algún número mínimo de cotizaciones. Si yo tomo una foto en cualquier instante del tiempo, el sistema tiene 9,5 millones de personas, pero solamente 5,5 millones cotizan, es decir, menos del 60%. En el sistema antiguo, por ejemplo, se exigía como mínimo 20 años de cotizaciones.

–¿Cuáles serían las medias, de aplicarse dicha lógica?

–Al considerar a personas que hayan cotizado al menos 10 años, esa cifra sube significativamente sobre los CLP200,000; con 10 o más años, CLP232,000; 20 o más años, CLP280,000. A veces se compara con lo que pagan las cajas antiguas, un promedio de CLP198 mil, pero hay que considerar que el 50% de los que cotizaron en ellas tiene cero pensión. Porque no cumplieron los años mínimos de cotización que se exigía para obtenerla. Uno podría decir que en promedio lo que pagaban las cajas era CLP90 mil. Entonces estamos hablando de que, considerando 20 años y una cotización en la caja que era de 19.7%; versus un 12.3% que es lo que se cotiza en el caso del sistema chileno, este sistema paga aproximadamente cuatro veces más que el sistema antiguo. Entonces, ¿cómo podemos decir que el sistema ha fracasado?

–¿A qué atribuye, entonces la percepción existente?

–Lo anterior no significa que esté todo bien. El sistema enfrenta desafíos muy grandes. Hay una brecha de expectativas muy amplia entre lo que la gente espera y lo que el sistema puede entregar, en las condiciones actuales. Y tenemos que hacernos cargo, aumentar la información. El problema principal es que hay un déficit muy grande. Ha habido cambios en las variables demográficas y socioeconómicas muy relevantes, lo que hace necesario revisar los parámetros del sistema. Además, hay un problema de densidad de cotizaciones muy difícil, que es producto de un mercado del trabajo donde hay grandes problemas. Solamente el 50% de los afiliados hombres tiene contrato de trabajo, por lo que estamos seguros que cotiza; en las mujeres no llega al 30%. Para quienes cotizan regularmente, el sistema otorga pensiones muy buenas, incluso por sobre los estándares internacionales.